Primero lo primero: Martín Sabbatella nunca debió haber sido designado en la AFSCA. Para ese puesto se requería, por ley, solvencia técnica, algo que Sabbatella no poseía. Además se precisaba autonomía, tanto del gobierno como de los sujetos regulados. Sabbatella, un soldado del modelo que llegó a decir que la madre de todas las batallas era la pelea contra Clarín, no contaba con esta virtud entre las suyas. Más todavía, como en cualquier cargo público era necesaria suficiente idoneidad moral; sin embargo, relata Hugo Alconada Mon en La Piñata que Sabbatella fue denunciado por requerir el ocho por ciento de los salarios de los empleados de la AFSCA para su partido Nuevo Encuentro. Con lo cual, además de su falta de solvencia e independencia, su honestidad también estaba severamente cuestionada. 
Aclarado lo anterior, y antes de pasar a la decisión de Macri sobre la AFSCA, vamos al contexto (el contexto lo es todo, escribió alguna vez Margaret Atwood). La intervención por decreto de la AFSCA invita a trazar un paralelo con la intervención del Ejecutivo sobre otros organismos dedicados a regular un sector determinado de la economía. Es pertinente la comparación pues si bien la ley de medios no define a los servicios de comunicación audiovisual como servicios públicos, sí caracteriza la actividad como regulada y de interés público (lo que indica un grado de intervención estatal intenso).
Los entes reguladores de servicios públicos en Argentina fueron diseñados como autónomos, siguiendo el modelo de las agencias regulatorias de Estados Unidos. Esta autonomía tiene un doble fin. Por un lado, se pretende evitar la captura del regulador por el regulado. Por el otro, se procura extraer la actividad del regulador de la disputa política diaria, para que pueda concentrarse en objetivos a largo plazo. La autonomía se fortalece con cierta estabilidad de las autoridades, con la que se busca esquivar que quien regula esté a tiro del dedazo presidencial. 
El salto de la teoría a la práctica en Argentina es, no obstante, abrupto. En materia de servicios públicos los ejemplos son innumerables. El decreto autónomo 812/04 nombró el presidente del Enargás sin seguir el procedimiento previsto por ley 24.076, hasta tanto se realizaran los mecanismos formales. Luego de ciertas sospechas sobre corrupción, el Poder Ejecutivo intervino lisa y llanamente el organismo a través del decreto autónomo 571/2007. Esta intervención se prorrogó, excepcionalmente, eso sí, ¡17 veces! Similares prácticas se siguieron en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, entre otros. Y todo esto a pesar de fallos en los cuáles se ordenaba al Poder Ejecutivo cumplir la ley vigente y regularizar estos organismos. 
En relación a medios de comunicación, espectro radioeléctrico y actividad de radiodifusión, la práctica fue similar. La Comisión Nacional de Comunicaciones fue intervenida desde marzo de 2002 y se mantuvo así con más de 10 prórrogas hasta la creación de la AFTIC. El Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) también fue intervenido: Julio Bárbaro y luego Gabriel Mariotto fueron sus interventores, hasta la creación de la AFSCA—cuyo diseño institucional, vale la pena aclarar, no fomenta su independencia, sino que facilita su cooptación por parte del Ejecutivo. 
¿Qué es la intervención? Sin entrar en el debate sobre la facultad del presidente de intervenir (que merecería varias páginas más), en teoría la intervención consiste en un avance excepcional que realiza el Poder Ejecutivo sobre un ente que tiene cierta autonomía, que busca regularizar o reordenar su funcionamiento para dejarlo en condiciones de ejercitar su competencia cabalmente. En la realidad, la intervención ha funcionado como mecanismo para mantener bajo el control presidencial el organismo intervenido. ¿Es común? Como vimos, demasiado. En Argentina se interviene mucho y por largo tiempo, prorrogando mandatos que debieran ser cortos y excepcionales. 
En el tema concreto de la intervención de la AFSCA, se da un problema que no se produce en otros sectores: es que la práctica argentina de intervención (nombrando funcionarios “no independientes”) choca de frente contra los estándares internacionales sobre libertad de expresión. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha señalado que “dada la importancia de las funciones que deben cumplir, es fundamental que los órganos encargados de aplicar políticas y fiscalizar el cumplimiento de la regulación en materia de radiodifusión sean independientes, tanto de la influencia del poder político como de los intereses de los grupos económicos”. Además, como señaló el Relator Edison Lanza hace unos días, la regulación en esta materia requiere de leyes en sentido formal y material.
Durante el gobierno de Cristina, las autoridades de la AFSCA, claramente, no fueron independientes, sino todo lo contrario; pero lo pasado, pisado. Mirando el presente y el futuro, ¿existe la posibilidad de compatibilizar una intervención con los estándares internacionales de libertad de expresión? La respuesta es compleja, pero a primera vista y dada la situación actual, creo que sí es posible siempre y cuando se respeten dos requisitos. El primero, que el interventor sea independiente (algo que ya no cumple la intervención actual): una figura intachable no vinculada con el Ejecutivo. Segundo, que la intervención sea realmente excepcional, dure únicamente los 180 días que tiene dispuestos, y luego se siga el nombramiento posterior acorde a la ley. 
El gran pensador argentino, Andrés Calamaro, cantaba: nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. La actuación de la AFSCA bajo el gobierno de CFK y el mandato de Sabbatella fue nefasta. Pero dar vuelta de página debe significar un paso hacia delante, no un borgeano retorno a los problemas de ayer.
*Nota que publiqué en ese gran sitio que es Bastión Digital

El ‪#‎CLADH‬ participó de un seminario sobre acceso a la información pública y su relación con los ‪#‎DESCA‬
Siglo XX. Solicitudes de acceso a la información pública: formularios presentados en papel en la mesa de entrada de una oficina pública, recibidos con cara de pocos amigos. Las contestaciones son pocas, incompletas, imprecisas, tardías y en papel.
Siglo XXI. La información está disponible, en datos públicos y formatos abiertos. Uno entra en Google Maps y encuentra cuáles son los barrios (y las cuadras) más peligrosas de la ciudad. Un portal de datos públicos te dice cuáles son las mejores escuelas públicas en un radio de cinco kilómetros a la redonda de tu casa. Hay planillas que muestran qué hospitales públicos y privados tienen índices más altos de cesáreas y parto natural. 
En materia de acceso a la información pública, Argentina se encuentra todavía en el siglo XX, y como sostiene Ezequiel Santagada, uno de los principales expertos en acceso a la información pública de la región, con el modelo decimonónico del papel como soporte: todo con copia, cargo y recibido. Tenemos un gobierno opaco que decide sin dar razones, falsea las estadísticas, esconde los resultados inconvenientes de las mediciones que realiza y considera que la información es, por principio, secreto de Estado. Más que un cambio, necesitamos una revolución que nos haga saltar de 1990 a 2015 y nos proyecte hacia futuro.
Pude participar en un encuentro organizado por el ‪#‎CAINFO‬, de Uruguay, y ‪#‎ACIJ‬, de Argentina, con expertos de América Latina. Sostuvo que “el tiempo de las solicitudes de información es el pasado. La accesibilidad a la información pública ya no es solo un tema relacionado con la corrupción y la transparencia, sino una cuestión de calidad de vida. Recopilar y producir la información que todos, todo el tiempo estamos generando permite a una multitud de agentes (públicos y privados) generar cambios que no solo benefician la buena marcha del Estado, sino que nos facilitan la vida. Cuando la agenda de datos abiertos se cruce con la de acceso a la información pública, cruzaremos la línea de llegada al siglo XXI.